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El 20 de junio de 1981 es una fecha sombría en los conocidos «años de plomo». La huelga general convocada por la Confederación Democrática del Trabajo (CDT), surgida de una escisión de la Unión Marroquí del Trabajo (UMT) en 1978, se transformó en tragedia, con cientos de muertos en Casablanca. Muchos de ellos cayeron bajo las balas de las fuerzas del orden, incluyendo la policía, las Fuerzas Auxiliares y el ejército. Una intervención brutal que evoca la represión sangrienta de la gran manifestación del 23 de marzo de 1965.
La huelga general de 1981 fue provocada por la decisión de la CDT, entonces ligada a la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), de protestar contra el aumento de los precios de productos básicos decretado el 28 de mayo por el gobierno de Maâti Bouabid I (27 de marzo de 1979 al 5 de octubre de 1981). Los incrementos afectaron a la harina (40%), el azúcar (50%), la mantequilla (76%), el aceite (28%) y la leche (14%). Estos aumentos se sumaban a los de 1979 y 1980, destinados a llenar las arcas del Estado, gravemente afectadas por la caída de los precios de los fosfatos en el mercado mundial.
Familias de desaparecidos buscan conocer el destino de sus seres queridos
A décadas de estos eventos, aún es complicado establecer un balance exhaustivo de la intervención de las fuerzas. La versión oficial de las autoridades marroquíes reportó 66 muertos entre los llamados «vándalos». El exministro del Interior, Driss Basri, los denominó «mártires de la Koumira» (mártires de la barra de pan) en la Cámara de Representantes.
Por otro lado, la CDT y el USFP estimaron que más de 600 personas murieron, muchas de ellas enterradas en fosas comunes. Esto se corroboró con el hallazgo en diciembre de 2005 en Casablanca de tres fosas comunes en un cuartel de protección civil, que contenían 77 cuerpos.
Las investigaciones de la Instancia Equidad y Reconciliación permitieron identificar a las víctimas. Sin embargo, desde que expiró el mandato de la IER el 30 de noviembre de 2005, el Consejo Consultivo de Derechos Humanos (CCDH) y su sucesor, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encargados de continuar esta misión, no han anunciado avances sobre el paradero de otros desaparecidos. En cada aniversario de la huelga general de 1981, las familias de los desaparecidos siguen exigiendo conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos.
