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El gobierno liderado por el primer ministro laborista, Keir Starmer, ha desestimado la petición de un diputado que buscaba prohibir las inversiones de empresas británicas en el Sáhara Occidental. «Es responsabilidad de las empresas decidir por sí mismas si desean operar en el Sáhara Occidental», respondió el ejecutivo a la consulta escrita del parlamentario Graham Leadbitter, del Partido Nacional Escocés (SNP).
Jonathan Reynolds, secretario de Estado de Negocios y Comercio, aclaró que «el Reino Unido continúa respaldando los esfuerzos de las Naciones Unidas para alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable» respecto a este conflicto.
Esta postura recuerda a la del ministro español de Asuntos Exteriores ante la solicitud de un diputado pro-Polisario que pedía al gobierno prohibir a las aerolíneas programar vuelos al Sáhara. «Las decisiones de las aerolíneas privadas son tomadas por las propias empresas en coordinación con las agencias competentes en aviación civil; por lo tanto, son decisiones de carácter técnico», subrayó José Manuel Albares.
En agosto de 2024, el gobierno laborista ya había señalado en una intervención parlamentaria que no considera «ilegales las actividades comerciales en el Sáhara Occidental, siempre que respeten los intereses del pueblo saharaui». Esta posición está alineada con la decisión del Tribunal Superior británico, que el 5 de diciembre de 2022 desestimó un recurso de la ONG «Western Sahara Campaign UK (WSCUK)» que solicitaba anular el Acuerdo de Asociación entre Marruecos y el Reino Unido, el cual incluye productos del Sáhara.
En enero pasado, el gobierno laborista designó al diputado Ben Coleman como nuevo enviado comercial para Marruecos y África Occidental.
