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En esta ocasión, más allá de las críticas por los obstáculos que el Ejecutivo ha puesto para acceder a la ayuda, la polémica ha tomado una deriva política después de que el consejero de Empresa, Francesc Xavier Mena, señalara al colectivo magrebí como defraudadores en masa de la renta mínima.
Según explicó Mena el jueves, 18 días después de que comenzaran los problemas en torno a la RMI, "muchos" de los más de 9.000 marroquíes que cobran la ayuda siguen recibiéndola pese a haber regresado a su país.
Las palabras de Mena han hecho saltar las alarmas en organizacione sy sindicatos, quienes temen que con semejante denuncia pública se está dando alas a los partidos xenófobos como Plataforma per Catalunya (PxC).
Así lo ha expresado este viernes el secretario general de UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez, quien ha acusado al Govern de "engordar" el discurso de PxC con los datos sobre los inmigrantes.
En declaraciones a Catalunya Radio, Álvarez ha dudado de la fiabilidad de los datos facilitados por Mena y considerando su argumentario como "excusas de mal pagador".
En cambio, ha aplaudido las declaraciones del conseller de Bienestar y Familia, Josep Lluís Cleries, que este jueves pidió disculpas por las molestias que haya podido ocasionar el pago de esta ayuda mediante cheque domiciliario en vez de la habitual transferencia bancaria durante el mes de agosto.
Ambos consellers comparecerán la semana que viene ante la Diputación Permanente a instancias de PSC, ERC e ICV-EUiA para dar explicaciones sobre la polémica desatada por el modo como se ha desarrollado esta acción de control, así como por haberlo hecho en pleno mes de agosto y sin avisar.
