La semana pasada, la Policía Nacional española expulsó a un marroquí residente en Olot, en la región de la Garrotxa. Considerado una seria amenaza para la seguridad pública, estaba involucrado en actividades extremistas contrarias a los valores de convivencia y a la constitución española. La expulsión se llevó a cabo a través del aeropuerto de Madrid-Barajas, acompañada de una prohibición de entrada al territorio de diez años.
En 2017, este hombre intentó sin éxito convertirse en imán en Besalú. Tras un regreso a Marruecos, se reinstaló en España en 2020. Según fuentes de seguridad, habría adoptado ideas extremistas del movimiento salafista, promoviendo un discurso que llamaba a los musulmanes a rechazar la integración en la sociedad española y a aplicar la sharía en lugar de las leyes nacionales. También habría fomentado el uso del velo integral para las mujeres e incitado al odio contra los musulmanes chiitas, calificando de «infieles» a aquellos que respetan la ley española. Además, se negó a solicitar la nacionalidad española, afirmando que el islam prohíbe poseer la nacionalidad de un país no musulmán.
El Ministerio del Interior calificó su comportamiento como una «violación muy grave de la ley de inmigración», lo que llevó al Secretario General de Seguridad a ordenar su expulsión. Esta decisión fue impugnada ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, pero ambos recursos fueron rechazados.