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Con una participación de apenas el 30,58%, los resultados del referéndum en Italia, destinado a facilitar las naturalizaciones y abolir cuatro leyes de liberalización del mercado laboral, están lejos de ser validados. Celebrada los días 8 y 9 de junio, la votación fue anulada debido a que no alcanzó el umbral del 50% necesario.
El debate se centró en reducir de diez a cinco años el periodo de residencia requerido para que los ciudadanos no europeos, sin vínculos matrimoniales o de sangre con Italia, pudieran solicitar la ciudadanía. El partido de extrema derecha Hermanos de Italia, que lidera el gobierno, llevó a cabo una intensa campaña en contra del referéndum, con la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, manifestándose al respecto.
Para los partidos de izquierda y la oposición, este resultado representa un nuevo revés. Anteriormente, las formaciones parlamentarias se habían opuesto a un decreto que restringe la adquisición de la ciudadanía italiana a los vínculos de sangre. Sin embargo, no lograron reunir suficientes votos para enfrentarse a la coalición gubernamental en el Senado y en la Cámara de Diputados, donde el decreto fue aprobado con 137 votos a favor y 83 en contra.
Aprobado en mayo pasado, este decreto está siendo examinado por el Tribunal Constitucional, que el 24 de junio evaluará su conformidad con la Constitución italiana, en respuesta a una solicitud presentada por varios ciudadanos extranjeros.
En otro aspecto del referéndum, los votantes debían pronunciarse sobre una consulta impulsada por la Confederación General del Trabajo en Italia (CGIL), el principal sindicato de izquierda. Habiendo reunido las 500,000 firmas necesarias para convocar la votación, el sindicato buscaba restablecer medidas de protección contra los contratos precarios, los despidos y los accidentes laborales, que habían sido previamente eliminadas.
