El tribunal de Montauban, en Francia, está inmerso en un caso complejo que involucra a una red familiar sospechosa de coordinar un amplio tráfico de drogas, conectando Castelsarrasin, Marruecos y los Países Bajos. En el corazón de esta trama se encuentra K.J., un hombre de 56 años, acusado de liderar la organización con la colaboración de sus hijos, exesposas y allegados, cada uno desempeñando un rol específico.
El caso salió a la luz en junio de 2022 tras un control de carretera en la región de Varennes, donde se descubrieron 80 kilogramos de hachís y más de 100 plantas de cannabis en una vivienda en Bourne. Este hallazgo desató una exhaustiva investigación que incluyó vigilancia electrónica, grabaciones e indagaciones de campo.
Doce personas se encuentran en el banquillo de los acusados, enfrentando penas que oscilan entre los seis meses con suspensión de pena y los 12 años de prisión, según su grado de implicación. Las dos figuras principales del caso se enfrentan a las condenas más severas, de hasta 12 años de cárcel, además de la confiscación de sus bienes. Otro sospechoso podría recibir una pena de tres años de prisión, de los cuales 18 meses serían con suspensión, mientras que los hijos de uno de los principales acusados enfrentan condenas de hasta cinco y seis años, junto con la incautación de dinero y vehículos.
Las mujeres del entorno familiar tampoco quedan al margen, ya que son procesadas por su presunta colaboración en la operación, especialmente mediante transferencias de fondos o la provisión de vehículos. La fiscalía ha propuesto para ellas penas más leves, que varían de seis meses a un año con suspensión, acompañadas de la incautación de vehículos y sumas de dinero.
Ante estas acusaciones, algunos de los acusados han negado toda implicación, y la defensa ha resaltado la falta de pruebas directas, en particular respecto a la exesposa del supuesto líder, quien fue incluida en el caso sin haber sido escuchada durante la investigación. El veredicto está actualmente en deliberación.