chargement...
El ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, destacó este lunes en Nanterre las medidas vigentes para combatir la radicalización religiosa, instando a las prefecturas a mostrar «voluntarismo». Tras un informe crítico sobre los Hermanos Musulmanes la semana pasada, el presidente Emmanuel Macron espera recibir «nuevas propuestas» desde Matignon. Durante su visita a la prefectura de Hauts-de-Seine, el ministro manifestó su intención de «hacer al Estado más eficaz en su lucha contra el islamismo», defendiendo el sistema establecido desde 2019 de las Células de Lucha contra el Islamismo Radical (CLIR).
Estos organismos departamentales, compuestos por representantes de servicios estatales, son descritos por el Comité Interministerial de la Delincuencia y la Radicalización como herramientas para «atacar los ecosistemas islamistas» mediante «un diagnóstico del estado del islamismo» a nivel territorial, «centralizando» la información pertinente y realizando «un seguimiento de las infracciones detectadas». En este contexto, Bruno Retailleau busca desplegar células más robustas en las áreas identificadas como más vulnerables al «entramado islamista».
En términos prácticos, se trata de intensificar los controles en el terreno, especialmente en clubes deportivos o asociaciones culturales, que Bruno Retailleau ha identificado previamente como posibles vías de «infiltración» de los Hermanos Musulmanes en la sociedad. Ante la insatisfacción de Emmanuel Macron con la exposición en el comité de defensa de la semana pasada, se espera que el ministro «elabore nuevas propuestas».
Poco después de esta reunión, Bruno Retailleau anunció ante los senadores «una mejor organización del Estado» en «materia de inteligencia». Este lunes, reveló que «dos nuevos servicios» del ministerio serían movilizados, incluyendo la Dirección Nacional de Inteligencia Territorial (DNRT) y la dirección de libertades públicas, que asumirá «un rol de fiscalía administrativa».
El objetivo será especialmente «recolectar pruebas y preparar expedientes para implementar medidas de obstáculo administrativo», lo que podría incluir «la terminación de subvenciones municipales, el cierre de ciertos lugares, y el enjuiciamiento de personas que inciten al odio».
