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Durante una reunión de la Comisión de Educación, Cultura y Comunicación de la Cámara de Representantes, el miércoles 14 de mayo de 2025, el ministro de Juventud, Cultura y Comunicación, Mohammed Mehdi Bensaid, presentó un marco jurídico integral para mitigar los efectos negativos de diversas aplicaciones digitales. Al proponer la ampliación de las competencias de la Alta Autoridad de Comunicación Audiovisual (HACA) hacia las redes sociales, Bensaid subrayó el papel del Estado en la protección de los jóvenes frente a los contenidos perjudiciales en línea, tomando como referencia experiencias internacionales.
El ministro explicó que este nuevo marco otorgaría a la HACA poderes ampliados sobre las plataformas que operan en Marruecos, incluso si no tienen sede en el país, siempre que sus contenidos estén dirigidos al público marroquí o generen ingresos en el país. Bensaid añadió que este marco permitiría a la HACA exigir a las plataformas la presentación de informes periódicos sobre sus mecanismos de moderación de contenido, atención a quejas de usuarios y estadísticas sobre contenidos eliminados o controversiales.
Regulación de plataformas digitales y control estricto
El objetivo es establecer una «definición precisa» de lo que constituye un servicio de plataforma digital o de intercambio de contenido en línea, sometiendo a los proveedores a «obligaciones legales claras» para estructurar su relación con el Estado. Según Bensaid, el futuro marco jurídico enfatiza la designación de un representante legal en territorio nacional, buscando cerrar el vacío legal que permite a las plataformas extranjeras operar sin control efectivo.
El marco también contempla un sistema de sanciones prácticas para casos de violación o falta de cooperación con las autoridades nacionales, además de exigir a las plataformas de redes sociales implementar «un sistema eficaz de moderación de contenidos». Esto incluiría algoritmos capaces de detectar automáticamente contenidos ilícitos, especialmente aquellos relacionados con violencia, discursos de odio, noticias falsas o mensajes dirigidos a menores, destacó Bensaid.
En relación con el público joven, el marco jurídico busca obligar a las plataformas a «tomar medidas para proteger a estos usuarios de contenidos dañinos o inapropiados», mediante una «categorización por rango de edad, activación de herramientas de control parental, prohibición de anuncios que exploten la vulnerabilidad de los menores o promuevan productos perjudiciales, y eliminación de cualquier contenido que pueda dañar su desarrollo psicológico o conductual».
Respecto a las noticias falsas y los contenidos ilícitos, las plataformas digitales estarán obligadas a tratarlos «inmediatamente», especialmente en casos de incitación a la violencia, terrorismo o discriminación racial, étnica o religiosa, mediante mecanismos de eliminación de contenido y cooperación con las autoridades nacionales para implementar decisiones de bloqueo o restricción de la HACA.
Un intento fallido en 2019
En 2019, ya se había planteado la cuestión de ampliar las prerrogativas de la HACA hacia la regulación digital. En aquel entonces, el ministro de Cultura, Mohamed Laâraj, apoyó la idea, promoviendo su desarrollo en un marco jurídico adecuado. Las declaraciones públicas del regulador audiovisual en ese momento se centraron en la educación mediática más que en el control directo de las noticias falsas en Internet.
Estas declaraciones se enfocaban principalmente en los medios regulados por el Código de Prensa o la ley 77.03 sobre comunicación audiovisual, resaltando su responsabilidad educativa en términos de pluralidad política y limpieza de la información circulante. Desde entonces, la ampliación de la regulación a los contenidos digitales se mantuvo en fase de idea y reflexión, sin avanzar hacia un proyecto de ley aceptable ante la Secretaría General del Gobierno (SGG).
En el contexto de este debate, una fuente confirmó a Yabiladi que se trataba de una ampliación de las competencias de regulación de la HACA hacia Internet. De materializarse, un marco jurídico que aborde esta regulación, ya sea en forma de derogación o ampliación, debería ser examinado por el regulador.
Mohammed Mehdi Bensaid ahora defiende una herramienta jurídica distinta, pero alineada con el mismo objetivo. El actual ministro aboga por estas disposiciones como «un paso esencial para superar las barreras regulatorias en materia de soberanía y garantizar que los actores digitales internacionales sean responsabilizados y controlados», en línea con las prácticas de la legislación europea sobre servicios digitales.
